Facua lleva a Google ante la Audiencia Nacional por Street View
Acusa al servicio del buscador de vulnerar la intimidad de los ciudadanos al rastrear redes wi-fi
La organización de consumidores Facua ha denunciado a Google ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por espiar a los usuarios de redes wi-fi durante la toma de datos para su servicio Street View. Facua considera que la máxima sanción que podría aplicar la Agencia Española de Protección de Datos resulta ridícula. La denuncia busca establecer si la empresa ha cometido un delito contra la intimidad al recopilar datos de las redes no cifradas que detectaban sus coches. La organización no acepta las explicaciones de Google, según las cuales este episodio fue causado por un error y reclama que se aclaren "los objetivos de esta inquietante toma de datos y depuren responsabilidades".
La iniciativa de la organización se basa en el artículo 197 del Código Penal según el cual: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro, sin su consentimiento (...) intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses".
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció el 19 de mayo la apertura de una investigación. La máxima sanción que podría imponer la agencia es una multa de 600.000 euros, cifra que Facua considera "ridícula".
La semana pasada, la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica) ya presentó una denuncia contra Google por los mismos motivos en el Juzgado de Guardia de Madrid.
Google se ha comprometido a entregar a la Agencia de Protección de Datos española los datos recopilados por sus coches en sus rutas por este país. La recolecta de datos de redes privadas wi-fi por parte de sus coches fue denunciada inicialmente por Alemania. Google, tras una investigación interna, admitió lo sucedido pero lo atribuyó a un error involuntario. Inicialmente propuso destruir los datos recogidos ante testigos, pero algunos países, como Alemania, reclamaron antes conocerlos para poder evaluar exactamente qué tipo de información había cosechado.
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